Lamento boliviano

John Jairo Velásquez Vásquez, mejor conocido como Popeye, fue uno de los asesinos y hombre de confianza del desaparecido narcotraficante Pablo Escobar.

Cuando Popeye recuperó su libertad, y hasta su muerte en febrero 2020, se volvió un fenómeno mediático en redes sociales. En varias entrevistas el sicario manifestó lo siguiente: «no existe peor mafia que la clase política Latinoamérica». Y es que las mentiras, los hechos de corrupción, los abusos de poder y las venganzas contra los rivales que practican los políticos de la región -especialmente quienes adhieren al Foro de Sao Paulo- no tienen nada que envidiar a las técnicas desarrolladas por los más grandes narcotraficantes.

Por citar un caso, mi natal Bolivia se encuentra secuestrada por un grupo de delincuentes que, además, cuenta con apoyo de organismos internacionales de derechos humanos, ONGS ligadas a George Soros y hasta carteles de narcotráfico (colombianos, mexicanos y venezolanos). Pero mejor veamos los detalles.

El martes 17 de agosto del 2021, luego de curiosas postergaciones, se dio a conocer el Informe del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre de 2019. El extenso documento contiene sugerencias sobre la reforma de la justicia, que podríamos considerar rescatables, hasta mentiras deliberadas sobre la actuación de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

Por ejemplo, el informe del GIEI -que además abusa del lenguaje inclusivo usando frases como: «vecinos y vecinas»- no menciona en ninguna de las paginas la amenaza que lanzó Evo Morales el 25 de octubre del 2019, cuando convocó a sus bases a enfrentarse a los ciudadanos que estaban concentrados en los «minúsculos» bloqueos. Las palabras textuales de Morales fueron: «La paciencia se acabó. Aguanté todo por la patria. Tienen 48 horas para pacificar el país».

Esa fue la razón para que el lunes 28 de octubre miles de simpatizantes del Movimiento Al Socialismo asedien Cochabamba desde las carreteras que conectan la ciudad con los departamentos de La Paz y Santa Cruz. Con semejante nivel de tensión era evidente que en el cualquier momento la violencia se desataría. Cosa que sucedió el 29 de octubre, cuando la Resistencia Juvenil Cochala impidió que los grupos violentos del MAS -que estaban armados con machetes, piedras y dinamitas- asalten viviendas y destrocen comercios.

Sin embargo, el documento presenta a los simpatizantes del Movimiento Al Socialismo como unos indígenas discriminados, aunque hay varios videos que muestran a los jóvenes de la RJC ayudando a mujeres y ancianos que fueron abandonos por el grupo de Choque del MAS -especialmente, luego de ser derrotados en las batallas callejeras-.

Respecto a la muerte de Limbert Guzman el informe del GIEI, cínicamente, afirma que fue un «accidente». Aunque existen videos y fotografías del momento de su agresión por parte de los grupos afines al MAS.

Por su parte, el líder de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, hoy detenido, en una entrevista al periódico Los tiempos expresó lo siguiente: «Me llama la atención que no se mencionan a los muertos que hemos tenido en Cochabamba, las 22 motos quemadas, los más de 250 heridos, las personas que han sido detenidas de manera flagrante».

Como vemos, los expertos del GIEI se ocuparon, mayoritariamente, de seguir el libreto de lo políticamente correcto -mostrar que indígenas y mujeres sufrieron violencia «selectiva»-. Pero no de buscar la verdad histórica de los hechos.

Y es que no podíamos esperar nada más de un grupo que sólo se reunió con Katheryn Ledebur -la norteamericana que maneja la agenda internacional del MAS y los nexos con George Soros– y dirigentes cocaleros. Pero obvió por completo a los familiares de Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra (fallecidos en Montero), a los vecinos de Yapacani -que vieron como los militantes del MAS destrozaban sus propiedades-, o la periodista Casimira Lema que sufrió la quema de su domicilio. A manera de disimulo, en las conclusiones de la página 462 dice: «es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos el reconocimiento de su calidad de víctimas».

Es cierto que el grupo GIEI llegó a Bolivia por invitación de Jeanine Añez y Karen Longaric, porque confiaban que ese grupo iba a probar que la violencia fue originada por el propio Evo Morales. No obstante, no consideraron que desde décadas atrás las organizaciones de Derechos Humanos están ligadas a la izquierda. Por ende, no iban a informar nada, sino a construir un relato. Con razón, Axel Kaiser dice: «La fatal ignorancia es el peor defecto de los políticos latinoamericanos».

Pero el polémico informe del GIEI no es lo más complicado que vivimos en agosto, ni siquiera el intento de suicidio de la expresidenta Jeanine Añez -quien, a casi seis meses de su encierro, infringió lesiones en su cuerpo que pusieron en riesgo su vida-, sino que el gobierno boliviano está ganando la batalla del relato e imponiendo la mentira.

Como diría la canción compuesta por Dimi Bass y Natalio Faingold: «Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano. Que un día empezó y no va a terminar».

¡Como dueles Bolivia!