Bolivia: sobre llovido, mojado
Sobre llovido, mojado, es una expresión que se usa para señalar que algo que no venía bien, acaba de ponerse peor. Y es que un negro panorama se divisa para Bolivia. Veamos los porqués.
El pasado 30 de septiembre, la firma calificadora Moody’s redujo la calificación de Bolivia de estable a negativo. Eso se debe a la caída de los ingresos del país, erosión fiscal, menor ingreso de divisas por la venta de hidrocarburos y a la incertidumbre política.
Asimismo, la calificadora sostiene que los riesgos de liquidez del Gobierno de Bolivia están en aumento. Especialmente, producto de los grandes y recurrentes déficits fiscales, la disminución del ahorro estatal y los vencimientos de bonos internacionales que se avecinan.
Por otra parte, el recientemente fallecido Carlos Miranda Pacheco, uno de los mayores expertos en hidrocarburos en Bolivia, en una entrevista para el periódico digital Energía Bolivia del año 2019 manifestó lo siguiente:
Estamos sufriendo el efecto de habernos retrasado en hacer una campaña de exploración para reemplazar lo que estábamos exportando. Actualmente nos falta gas para llenar los contratos que tenemos, pero no quiere decir que Bolivia ya no tiene más gas. El gas que se ha producido viene de explotar ± 12% del área potencial total del país. No se ha hecho exploración fuera del área tradicional y al haber efectuado exploración tardía tan solo en el área tradicional, hace que a la fecha nos falte gas.
En síntesis, eso que Evo Morales llamó nacionalización ―y que la oposición niega que se haya nacionalizado algo― no fue más que una dilapidación masiva de la renta gasífera (6.000 millones de dólares entre 2010 y 2014) en prebendas a los grupos afines al poder. Además, de un descuido masivo en nuevas inversiones en exploración.
¿Lo bueno y lo malo del panorama?
Cada día es más obvia la mentira sobre el «milagro» económico boliviano y la «brillante» gestión de Arce Catacora en el ministerio de economía. Pues hoy la economía boliviana requiere toda la inversión privada (nacional y extranjera) que durante años dijo no necesitar.
Empero, para que la inversión extranjera llegue, y los empresarios locales arriesguen capitales, se necesita un gobierno que respete la propiedad privada y ponga en orden las finanzas estatales.
Penosamente, eso es lo que menos quiere hacer el actual régimen boliviano. Ya que el Movimiento Al Socialismo intenta promulgar, a una velocidad cada vez mayor, una serie de leyes ―muchas que llevaban dormidas más de una década― que les permitirán tener el control total de las libertades y la economía de las personas, por ejemplo, la Ley de Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales.
Entre los 57 artículos de este proyecto de ley, los que más llaman la atención son el 11 y el 17.
El artículo 11 expresa en el apartado de Exención de Secreto: «No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones».
Claramente, esto impide a los periodistas guardar reserva sobre sus fuentes de información, pone en riesgo el secreto profesional de la prensa, y va en contra de la Constitución y la Ley de Imprenta.
El artículo 17, que hace referencia al sujeto obligado a dar información, expresa que: «toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros».
De esta manera, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se convertiría en un instrumento de persecución política. De hecho, el propio Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, en una entrevista con la revista Jacobin América Latina, indicó lo que sigue:
Un gobierno progresista necesita un Estado con un mínimo indispensable de control del Producto Interno Bruto, para no estar sometido, no estar engrillado, a los poderes fácticos económicos, muchos de ellos más poderosos que el Estado. Ahí tienes un conjunto de mecanismos: tributarios, impositivos, de políticas fiscales, de inversiones y, llegado el caso, también de nacionalización. Si estos sectores entran en una actitud conspirativa, hay que afectarlos. No puedes simplemente contemplar, o asumir la actitud de dejarlos seguir con su conspiración. Revisa sus impuestos, mira sus propiedades, sus cuentas bancarias, tienes un menú de opciones de gobierno con las cuales atemperar y contener ese tipo de acciones.
Tres cosas para resaltar en las declaraciones de García Linera. Uno, el despreció absoluto que muestra por la libertad personal. Dos, el desconocimiento de los más elementales principios de economía. Y tres, su clara intención de castigar y censurar a quienes piensan diferente a él.
Y si las cosas no fueran lo suficientemente malas con el oficialismo, tenemos una oposición inepta, e incapaz de plantarse de frente contra los violentos.
Con todo, y luego que varios sectores (gremiales y cooperativistas mineros, por ejemplo) obligaron al gobierno a frenar el tratamiento de la cuestionada ley ―aunque existen otras dos leyes y un par de acuerdos entre la fiscalía y la Unidad de Investigaciones Financieras que sirven para lo mismo: perseguir y castigar― debemos aprender algo: El capitalismo popular, concepto acuñado por el escritor Emilio Martínez, es el único sector capaz de frenar las intenciones totalitarias del MAS. Los nuevos proyectos políticos deben girar alrededor de ellos, y no de los viejos politiqueros como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga.
¡Nadie se cansa! ¡Nadie se rinde!
