Las encrucijadas de Arce Catacora
El 18 de octubre, Arce Catacora celebró un año de haber ganado las elecciones generales. Sin embargo, lo hace en el peor momento de su larga carrera como político y funcionario público ―aunque los fanáticos de su partido se esfuercen en afirmar lo contrario―.
Primero, el pasado 30 de septiembre, la firma calificadora Moody’s redujo la calificación de Bolivia de estable a negativo. Eso se debe a la caída de los ingresos del país, erosión fiscal, menor ingreso de divisas por la venta de hidrocarburos y a la incertidumbre política.
Segundo, eso que Evo Morales llamó nacionalización ―y que la oposición niega que se haya nacionalizado algo― no fue más que una dilapidación masiva de la renta gasífera (6.000 millones de dólares entre 2010 y 2014) en prebendas a los grupos afines al poder. Además, el régimen de Morales jamás realizó nuevas inversiones en exploración.
El derroche fue tan grande que, ahora mismo, de los seis proyectos exploratorios programados con presupuesto para el presente año, YPFB solo ejecutó la mitad. La perforación del Prospecto Itaguazurenda (Bs 5 millones), el pozo Villamontes X7 Tarija (Bs 303,54 millones) y la Investigación Estratigráfica Mayaya Centro X1 (Bs 112,79 millones) tienen cero de ejecución ―dato proporcionado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo―.
La macroeconomía es el mayor problema de Arce Catacora. Pues prometió conseguir $3000 millones mediante emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales, pero eso jamás pasó. Sucede que Arce Catacora pensó que el resto del mundo se había tragado el relato del «milagro» económico y el «éxito» del Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano (MESCPB). En resumen, se creyó su propio cuento y se pasó de arrogante.
Ahora mismo, el desafío más grande para Arce Catacora es admitir el fracaso del MESCPB, y dar paso a unas reformas estructurales en favor del libre mercado, pero dudo mucho que eso suceda.
Empero, los problemas no terminan en lo económico. Ya que la gestión de la pandemia y la vacunación caen en lo pésimo ―sólo Venezuela está peor que el país― como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Como si las cosas no fueran suficientemente malas, existen 700 mil vacunas que se encuentran cerca del vencimiento. Por eso, y de manera muy improvisada, el gobierno ha decidido iniciar el periodo de vacunación con la «tercera dosis» a todas las personas mayores de 18 años que hayan recibido la segunda dosis hace más de dos meses.
En cuanto al álgido tema de la justicia, la organización World Justice Project ―que elabora el Índice del Estado de derecho en el mundo― ubicó a Bolivia en la posición 29 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe; en la 29 de 35 entre países de ingreso mediano bajo; y el puesto 129 de 139 a nivel mundial.
Sobre el factor Límites al poder gubernamental, que mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley, Bolivia ocupa el puesto 116 del ranking. Este factor incluye los mecanismos constitucionales e institucionales que limitan a los funcionarios y agentes del gobierno, y que les obligan a rendir cuentas. También incluye los controles no gubernamentales, por ejemplo, una prensa libre e independiente.
Asimismo, Transparencia Internacional, en el Índice de Percepción de Corrupción del año 2020, coloca a Bolivia en el puesto 124 de 180 países evaluados, y nuestro puntaje corresponde a 31 puntos sobre 100 posibles. Junto a nosotros, en el rango de los países más corruptos, están Venezuela (17), Haití (18), Nicaragua (22), Honduras (24), Guatemala (25), Rep. Dominicana (28) y México (31). Lo cual demuestra la ineficacia de nuestra política anticorrupción.
Adicionalmente, el jurista Carlos Sánchez Berzaín, en su articulo Bolivia, dictadura y narcoestado a 18 años del golpe de octubre 2003, expresa lo siguiente:
En Bolivia no se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia, hay 52 presos políticos certificados, más de 1.700 exiliados; la oposición, que fue funcional, está convertida en rehén, porque todos están enjuiciados y negocian su libertad y posiciones complaciendo al régimen.
Por otro lado, el periodista brasileño Marcelo Godoy ―uno de los investigadores que sigue las actividades del grupo delincuencias PCC― han calificado a Bolivia como un santuario del Narcosur. Especialmente, por sus nexos con empresas radicadas, sobre todo, en Santa Cruz. Además, el tránsito de droga desde el país hacia Perú y Colombia.
La Policía Federal de Brasil identificó tres razones por las que el PCC avanza en Bolivia.
La primera sería la resistencia de la Policía Nacional de Bolivia a actuar en alianza con la DEA, la Agencia Estadounidense Antidrogas. La segunda, cierta rivalidad con Brasil. Por último, la posibilidad de que los narcotraficantes puedan contar con la protección de policías y militares corruptos ―algo muy factible dado los altos índices de corrupción en el país―.
Muchos organismos internacionales califican a Bolivia como un narcoestado. Ya que las instituciones del país se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y muchos peces gordos ―El General de Policía Rene Sanabria, por ejemplo― desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes de tráfico de drogas ilegales.
Los efectos del golpe de Estado de octubre 2003 ―que la red criminal del Foro de Sao Paulo mentirosamente llama: Guerra del gas― son nefastos. Penosamente, se seguirán agravando mientras no se recupere la república, y esa debe ser la principal tarea de todos los bolivianos que deseamos un mejor país.
¡Nadie se cansa! ¡Nadie se rinde!
