Arce Catacora: entre la estanflación, los presos políticos y las milicias armadas

Luis Arce Catacora, el presidente que no gobierna, está próximo a cumplir un año en el poder. Y aunque sus mayores fanáticos lo nieguen, lo hace en el peor momento de su larga carrera como político y funcionario público. Veamos los porqués.

El pasado 25 de octubre, los carniceros decidieron elevar el precio de la carne de 34 a 38 bs. Obviamente, la medida provocó todo tipo de reacciones ―incluida la teoría de los golpes blandos que repitieron muchos militantes y autoridades masistas―.

Pero la realidad es que la crisis de la carne es una muestra, de las muchas, de que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) ―que durante quince años se viene implementando en el país― es un completo fracaso. Puesto que toda la descoordinación entre la oferta y la demanda de la carne ―reflejada en un incremento de su precio― es la consecuencia de haber ampliado la base monetaria indiscriminadamente para transferirla directamente a la gente y, lo peor de todo, para financiar el gasto y el déficit público.

Empero, en Bolivia, aparte de los grandes problemas que trajo MESCP, tenemos otro factor agravante: la pandemia del COVID19.

Desde el inicio de la pandemia, quienes nos opusimos a la cuarentena como mecanismo para frenar la propagación del virus recibimos todo tipo de improperios. No obstante, la realidad es la siguiente: los encierros masivos provocaron un problema del lado de la oferta (nadie estaba produciendo) y el gobierno boliviano ―imitando a todos los demás Estados del mundo― estimuló la demanda mediante transferencias para sostener el consumo (todos recibieron bonos). En otras palabras, se ha creado un escenario de estanflación ―débil recuperación de la economía real e incremento simultáneo de la inflación― que será difícil de sobrellevar, especialmente, si no se cambia el MESCP.

Las políticas para frenar la pandemia del COVID19 nos muestran que cuando los gobernantes se guían por el groupthink ―sesgo cognitivo que lleva a un individuo a repetir las creencias del grupo para acomodarse a él― crean mayores dificultades de las que quisieron evitar.

Con razón Michael Oakeshott, en su libro Ser conservador y otros ensayos, menciona lo siguiente: «La prudencia es la única cosa que se le debe exigir a los políticos». Esto también lo advirtió F.A. von Hayek, Premio Nobel de Economía 1974, cuando recurrió al término de fatal arrogancia para ilustrar la pretensión de los burócratas de poseer una inteligencia mayor que sus súbditos, por ende, saber que es lo mejor para cada uno de ellos.

Por otra parte, como dice el refrán popular: «sobre llovido, mojado», el pasado 30 de septiembre del 2021, la firma calificadora Moody’s redujo la calificación de Bolivia de estable a negativo. Eso se debe a la caída de los ingresos del país, erosión fiscal, menor ingreso de divisas por la venta de hidrocarburos y a la incertidumbre política.

Asimismo, eso que Evo Morales llamó nacionalización, no fue más que una confiscación que se convirtió en una dilapidación masiva de la renta gasífera (6.000 millones de dólares entre 2010 y 2014) en prebendas a los grupos afines al poder, y con el agravante que el régimen de Morales jamás realizó nuevas inversiones en exploración.

Como si las cosas no fueran suficientemente malas, Arce Catacora, que prometió conseguir $3000 millones mediante emisión de bonos soberanos, no consiguió convencer a los mercados internacionales con el relato del «milagro» económico y el «éxito» del MESCPB. Por ende, nadie está dispuesto a prestarle un solo centavo. En resumen, se creyó su propio cuento y se pasó de arrogante. Es obvio que el «genio» de la economía tendrá problemas para financiar el aparato estatal, que a la fecha tiene al menos 526.955 dependientes. Además, la planilla cada año crece hasta en un 10% y cuyo pago representa uno de los gastos más onerosos de la administración pública.

No obstante, es evidente que la economía no es la prioridad del gobierno nacional, sino retener el poder a cualquier costa.

Hasta el 06 de septiembre, Global Human Rights League documenta la existencia de 42 presos políticos (3 mujeres y 39 hombres, incluidos 13 militares y 6 policías) de la dictadura de Luis Arce/Evo Morales en Bolivia. La más mediática es la expresidenta Jeannine Añez. Pero no podemos olvidar el caso de Mario Bascope, quien, el 27 de octubre, por un tribunal por demás cuestionable y con una total falta de pruebas, fue condenado a 10 años de cárcel por el delito de narcotráfico.  

Referente al caso de Mario Bascope, los abogados Jorge Valda y Martín Camacho han afirmado lo siguiente: «En la sentencia de Bascope se han violentado tantos principios jurídicos que ha sobrepasado cualquier capacidad de entrar en razón».

No solo se trata de acabar con la RJC, sino de destruir y desprestigiar a cualquier grupo que ofrezca resistencia. Al igual que lo que sucede en Cuba, y usando a jueces y fiscales serviles, se pretende reducir a los opositores a violadores, traficantes o rateros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido urgentes denuncias y solicitudes de medidas, pero al igual que en Nicaragua, Cuba y Venezuela, los presos políticos siguen, y las dictaduras los tienen para administrar el terrorismo de estado. Como podemos evidenciar con el deceso del coronel de policía Javier Vaca ―acusado de haber participado en el «golpe de Estado» del 2019―. Vaca murió fruto de la venganza y la persecución, falleció un inocente.

Y si todavía no le parece que el panorama sea lo bastante complicado, lo invito a seguir.

El 26 de septiembre, el diario Página siete publicó un reportaje sobre la existencia de grupos armados en la provincia de Guarayos del departamento de Santa Cruz, incluso se relató la emboscada que sufrieron 150 efectivos policiales mientras realizan el desalojo de un asentamiento ilegal en la propiedad conocida como El encanto. Respecto a los ataques y los avasallamientos, el presidente del Comité Cívico de Guarayos, Salvador Vaca, en el mismo reportaje, dijo lo siguiente:

Ya no se trata solo de asentamientos, sino de milicias armadas que deben ser desarticuladas y sancionadas. Estas personas que con balaceras pretenden tomar tierras   por la fuerza, no son del lugar. En 200 años de existencia, no vivimos actos de violencia de esta magnitud

A pesar de lo complicado de la situación, como pasa con muchos otros asuntos, el gobierno dejó que la noticia se pierda entre la vorágine de temas que ocupan los medios de información en Bolivia.

No volvimos a saber del tema, hasta que el jueves 28 de octubre, cuando 17 personas, entre ellas periodistas, policías y propietarios de un predio fueron secuestrados por unos 80 individuos armados y encapuchados. La táctica empleada y los indicios de entrenamiento militar muestran a una incipiente organización terrorista o una narcoguerrilla, pero no a un grupo de «campesinos», como se autodenominan los secuestradores.

Aunque varias autoridades del gobierno, Jhonny Aguilera (comandante nacional de la policía) incluido, y los propios autores del delito trataron de minimizar el hecho, los periodistas ―que estuvieron detenidos entre las 11:00 y las 18:00― detallaron como fueron golpeados con las culatas de las armas y sometidos a todo tipo de humillaciones.

Hasta el momento, los sectores pasivos de las Fuerzas Armas y La Policía Boliviana son quienes más han expresado preocupación por los últimos acontecimientos.

Lo peor de todo es que podríamos estar ante el cumplimiento de la amenaza hecha en el 2020 por Evo Morales desde Buenos Aires, cuando dijo que «si volvemos al poder, organizaremos milicias armadas como en Venezuela».

Así están las cosas. Si como bolivianos no nos unimos en contra de la tiranía, muy pronto acabaremos perdiendo los pocos espacios de libertad que todavía quedan.

¡Nadie se cansa! ¡Nadie se rinde!