En Bolivia se institucionalizó el terrorismo de Estado

Los manuales y libros de derecho definen el terrorismo de Estado como: «el uso de prácticas ilícitas por parte del Gobierno de un Estado. Ello, con el fin de difundir terror en la población, cuyos objetivos difícilmente se conseguirían de manera legal».

Los «gobiernos» adherentes al Foro de Sao Paulo tienen como base el terrorismo de Estado. Ya que asesinan, torturan, deportan y persiguen a cualquiera que los enfrente (opositores políticos, líderes cívicos, periodistas o ciudadanos de a pie).

En Bolivia el proceso de desinstitucionalización democrática ―por ende, la instauración del terrorismo de Estado― tiene tres momentos claves: a) El golpe de Estado del 2003, b) la asamblea constituyente del 2006 y c) el referéndum constituyente del 2009.

En septiembre del 2003, el dirigente sindical Felipe Quispe organizó el secuestro de más de 1000 turistas que se encontraban en la provincia de Sorata. Civiles, policías y personal de las Fuerzas Armadas fueron atacados con armas de fuego, francotiradores y dinamita, la ciudad de la Paz fue sitiada y las carreteras interrumpidas. El gobierno constitucional aplicó la ley para cumplir su obligación de proteger a la ciudadanía, los servicios públicos, las instalaciones estratégicas y la propiedad privada. Por su parte, los insurrectos usaron el eslogan de «la guerra del gas» como coartada, aunque la verdadera intención era tumbar a Sánchez de Lozada.

Los golpistas ―que contaron con el apoyo de elementos de Sendero Luminoso, de las FARC y operadores castristas― aplicaron la doctrina de guerra revolucionaria ―que instruye promover muertes de su propio bando para acusar de las mismas al gobierno―. Pero el factor clave para romper la democracia, fue la traición de Carlos Mesa, entonces vicepresidente de Bolivia, al presidente Sánchez de Lozada.

Una vez quebrada la democracia, Carlos Mesa se dedicó a promover la Agenda de octubre. Para eso, Mesa le entregó dos ministerios a Evo Morales y, al mismo tiempo, introdujo, de manera inconstitucional, el mecanismo para convocar una asamblea constituyente. El socialista Mesa entregó Bolivia a las garras del totalitarismo.

El 06 de agosto del 2006 se instalaba la Asamblea Constituyente. Desde el inicio Evo Morales buscó controlar la asamblea. Como siempre, se valió de la violencia y la búsqueda de victimas fatales. Estos hechos produjeron La masacre de la Kalancha. Así manchado de sangre, en acuerdo con Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, Evo Morales promulga la ley 3837, ajustando a su manera el proceso constitucional, además, de convocar al referéndum dirimidor.

El referéndum constitucional de Bolivia de 2009 se realizó el domingo 25 de enero de ese año. De esta manera aprobaron su «constitución» ―en realidad, una copia del modelo castrochavista―, crearon el Estado plurinacional y suplantaron la República de Bolivia. Con eso, dividieron la nación boliviana, alentaron la lucha entre nacionalidades, suprimieron las instituciones democráticas, y procedieron a organizar su nuevo orden dictatorial, hoy señalado como un narcoestado.

Los dieciocho años de dictadura castrista en Bolivia están pasando factura.

Hasta el 06 de septiembre del 2021, Global Human Rights League documenta la existencia de 42 presos políticos (3 mujeres y 39 hombres, incluidos 13 militares y 6 policías) de la dictadura de Luis Arce/Evo Morales en Bolivia. La más mediática es la expresidenta Jeannine Añez. Pero no podemos olvidar el caso de Mario Bascope, quien, el 27 de octubre, por un tribunal por demás cuestionable y con una total falta de pruebas, fue condenado a 10 años de cárcel por el delito de narcotráfico, aunque el verdadero «delito» de Bascope es ser miembro de la Resistencia Juvenil Cochala.

Pero el caso más cruel del terrorismo de Estado lo sufrió la niña de 11 años, que fue violada y embarazada por su abuelastro. Puesto que la menor fue secuestrada por funcionarios de la defensoría y obligada a adelantar el parto. La «interrupción legal del embarazo» permitió que José María (el bebé producto de la violación) nazca vivo. Pero como lo sacaron 3 meses antes de término no logró sobrevivir. Su joven madre firmó para salvar su vida, y darlo en adopción. Sin embargo, la defensoría y los fiscales dictaminaron su sentencia de muerte

Sucede que, en este caso, como en muchos otros, las autoridades de La defensoría de la niñez se están limitando a repetir un discurso financiado por instituciones como IPAS o la Agencia técnica de cooperación de España (AECID), que es la principal impulsora de la agenda de género en el país desde el año 2010. No les importa la vida de los bolivianos, sino seguir una agenda que pone muchos dólares en sus arcas.

No obstante, la violencia física no es el único método de ejercer el terrorismo de Estado. De hecho, la violencia económica tienes los mismos efectos.

El diputado por la fuerza opositora CREEMOS, Henry Montero, a través de sus redes sociales, alertó que dentro de la Ley 342 del Plan de Desarrollo Económico y Social, recientemente aprobada por la mayoría oficialista, se tratará de modificar el actual Código Tributario, ampliar la base tributaria y con ello se llegará a afectar al sector informal del país y a los consumidores. El documento compartido por el legislador cruceño propone como una de las acciones:

Impulsar la industrialización con sustitución de importaciones mediante reformas tributarias y aduaneras mediante un nuevo código y normas legales que permitan contar con un sistema tributario progresivo y solidario, además de condiciones diferenciadas para las importaciones de insumos, bienes de consumo y bienes de capital.

Es evidente que el «nuevo» plan de desarrollo económico, aparte de estar pesimamente redactado, busca darle oxígeno al Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). Para eso van a recurrir a viejas políticas «proteccionistas» de La Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).

Es fundamental dejar en claro que el mal llamado «proteccionismo protege» sólo a los productores que logran convencer a los gobiernos de otorgarles un privilegio a costa de los millones de consumidores dispersos. Quienes se verán restringidos en su capacidad de elección, ergo, tendrán menos productos, mayores precios y menor calidad.

Asimismo, el documento habla de nuevos tributos de carácter progresivo, algo que ya se está aplicando con el Impuesto a las Grandes Fortunas, y que causó la salida de millones de dólares del país.

En este instante, Bolivia necesita toda la inversión privada (nacional y extranjera) que durante años se dedicó a ahuyentar. Sin embargo, va por el camino de incrementar la presión fiscal y darle más control sobre la economía al gobierno central.

La historia nos demuestra que una economía centralmente «planificada» es un completo fracaso. Puesto que sin el mecanismo de los precios ―cuya función central es transmitir información a los productores― muchos bienes desaparecen del mercado, o en su caso, se producen cosas que nadie demanda. Algo que ya está sucediendo en el país. Pues la carne empieza a ser escasa, pero el cemento está estocado y sin venderse.

Penosamente, la economía no es una prioridad para el masismo. Ya que la dictadura boliviana no está dispuesta a volver a perder el poder como el 2019. Por ende, se va a valer de todos los mecanismos posibles para atornillarse en el poder y someter a la población, incluido el crecimiento paulatino de la miseria. Si como bolivianos no nos unimos contra la tiranía, muy pronto los pequeños espacios de libertad que todavía quedan se convertirán en recuerdos.

¡Nadie se cansa! ¡Nadie se rinde!