Los bolivianos somos rehenes del castrochavismo
Evo Morales, como alumno aventajado de Fidel Castro y Hugo Chávez, dinamitó por completo la institucionalidad democrática en Bolivia. Nada quedó en pie, todo se puso al servicio del caudillo cocalero y sus secuaces.
Por ejemplo, La Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación ―en su artículo 10 referido a la distribución de frecuencias para radiodifusión― establece que el Estado tendrá hasta 33% de los espacios, las empresas privadas similar 33%, las emisoras de carácter social comunitario, hasta el 17% y los medios de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas con otro 17%. En síntesis, es el Estado quien decide aquello que debemos escuchar, una actitud bastante fascista para un grupo que llama «facho» a cualquiera que no piense como ellos.
Si bien, en los últimos años las radios han migrado a las plataformas digitales, eso no pasa de ser una burbuja de las áreas urbanas de Bolivia. Ya que, según datos de la página We Are Social, solamente un 6 por ciento de los habitantes del área rural tiene conexión a internet. Ergo, las radios comunitarias, propiedad de organizaciones afines a la dictadura, y las emisoras estatales seguirán siendo por muchos años la principal fuente de propaganda del régimen en las áreas rurales.
De igual manera, por lo menos desde el 2018, Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), viene denunciando los intentos de censurar los medios de comunicación bolivianos por parte de la dictadura. Pero el último tiempo hizo énfasis en el amedrentamiento que está sufriendo el periódico Los Tiempos, uno de los más antiguos de mi natal Cochabamba. En una entrevista con el corresponsal de Los Tiempos en España, Rodrigo Lema, sostuvo lo siguiente:
Estamos muy preocupados, particularmente, por el caso de Los Tiempos, es inaceptable que un poder político, el Gobierno, quiera incidir sobre la decisión de la propiedad y peor aún quiera atemorizar a los dueños de los medios para que ellos tomen las decisiones que le conviene a los políticos de turno.
Tristemente, los abusos dictatoriales no se limitan a los medios de comunicación, sino que abarcan la totalidad de la vida de los bolivianos. Veamos.
Según 1841 Foundation, una institución especializada en estudios tributarios, Bolivia ocupa el séptimo lugar en el Índice de Infiernos Fiscales. Para el estudio se tomaron en cuenta a 83 países de América Latina y Europa. Las variables analizadas fueron: a) los regímenes fiscales, b) corrupción gubernamental y c) mala gestión pública.
Por su parte, el Banco Mundial, mediante el estudio Paying Taxes 2019, ubicó al Estado plurinacional entre los peores países en cuanto a facilidad de pagar impuestos, ocupando el puesto 186 de 189. Además, el contribuyente debe destinar 1025 horas anuales de servidumbre al fisco para cumplir con sus obligaciones, casi 43 días sólo para cancelar impuestos. Algo que, en especial después del 2009, todos los bolivianos que hemos tenido la osadía de emprender un negocio podemos atestiguar.
Sin embargo, si todo lo anterior falla en su intento de acallar las voces disidentes, el régimen recurre a sus grupos de choque, mal llamados: «Movimientos Sociales».
Desde inicios del Siglo 21, pero con mayor énfasis a partir del 2006, son comunes las imágenes de dirigentes campesinos y miembros de la Central Obrera ordenar a sus pandillas golpear a los opositores, tomar empresas privadas e impedir el ingreso de alimento a las ciudades. Los actos de violencia siempre son festejados por parte de ministros y viceministros del régimen, que en muchos casos hasta los comandan. Sucede que las tiranías del Socialismo del Siglo 21 tienen un único método para mantenerse en el poder: Aterrorizar a naciones enteras. Nada de lo anterior se puede definir como política, son delitos y terrorismo de Estado.
A modo de cierre es importante entender algo: Los bolivianos hemos perdido la condición de ciudadanos, ¡somos rehenes!
