América Latina: la libertad contra el crimen transnacional
El 7 de junio de 2025, en la localidad de Fontibón de Bogotá, en medio de un acto político de cara a la definición del candidato presidencial de su partido, Miguel Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. A la fecha, Uribe todavía lucha por su vida en una sala de terapia intensiva.
El 9 de agosto de 2023, al salir de un mitin político que se desarrollaba al norte de la ciudad de Quito, Fernando Villavicencio fue asesinado con tres disparos a la cabeza. Una semana antes, Villavicencio había denunciado una serie de amenazas en su contra por parte de bandas criminales ligadas al narcotráfico.
Aparte de los varios disparos a la cabeza, una técnica usada por los sicarios del narcotráfico muy bien explicada por John Jairo Velásquez, Popeye, ¿qué une a Fernando Villavicencio y Miguel Uribe Turbay?
Que los dos políticos se enfrentaron duramente a los mandamases castrochavistas que usurpan los gobiernos de sus países, Ecuador y Colombia, respectivamente. Ambos atentados nos remiten inevitablemente al apuñalamiento que sufrió Jair Bolsonaro en 2018, o el disparo que rozó la oreja de Donald Trump el 2024.
En Bolivia, Evo Morales y su pandilla de cocaleros vienen atormentando al país desde los 80, aunque con mayor fuerza desde finales de los 90. Sus métodos son el asesinato de policías y militares, la destrucción de carreteras, los ataques con francotiradores, la judicialización de la política y la eliminación física de opositores, como el caso del Hotel Las Américas en el año 2009.
Con los ejemplos arriba citados debería quedar claro que los militantes del Socialismo del Siglo XXI usan la corrupción, el terrorismo, la infiltración y el sicariato. Es decir, que la violencia contra los opositores, políticos, empresarios, periodistas y activistas ciudadanos es el método para condicionar el sistema político en función de los intereses de las redes criminales. El mensaje se puede resumir en: quien tenga el valor de enfrentarlos tiene su destino copado.
Asimismo, los grupos delictivos comunes son brazos operativos de las dictaduras y, al igual que los carteles del narcotráfico, han sido transnacionalizados, entre ellos, el Tren de Aragua, las Maras, el MS13 o Mara Salvatrucha, los cárteles de Sinaloa, Jalisco, los Zetas, los del Golfo y los Reyes Latinos, a quienes Rafael Correa trató como a unos inocentes Boys Scouts.
Geopolíticamente la situación es todavía más delicada, ya que el fortalecimiento de estos grupos criminales transnacionales les ha permitido establecer conexiones con organizaciones terroristas, como Hezbolá, y mafias de Europa, África y Asia. Dicho en sencillo, América Latina vive una convergencia perversa entre crimen, terrorismo, dictaduras y mareros como Evo Morales, Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Rafael Correa disfrazados de políticos. Al respecto, Leonardo Coutinho, en su artículo: La política bajo la mira del crimen organizado, afirma:
El punto central es que el crimen organizado ya no actúa solo en los márgenes del sistema político. Lo habita, lo influencia y, a veces, lo determina. Cuando elige silenciar candidatos con disparos o cooptar partidos con dinero sucio, está votando y, muchas veces, decidiendo con más eficacia que el ciudadano común. El «voto del crimen» es más pesado que el de cualquier ciudadano.
A modo de cierre, seguir tratando a estos grupos como partidos políticos u organizaciones sociales les otorga una validación que no merecen, puesto que acá tendríamos que preguntarnos: ¿los ciudadanos elegimos a los gobernantes con el voto, o los bandidos con la sangre derramada?
