En Bolivia los relatos ya no son suficientes
Aparte de saquear naciones, hay una cosa en la que los militantes del Socialismo del Siglo 21 son expertos: construir relatos. Por ejemplo, llamaron auge a la inflación de precios de la vivienda, o crecimiento económico al simple engorde del aparato estatal de Bolivia.
Sin embargo, las fabulas, por muy bien estructuradas que estén, no pueden ocultar la realidad. Y es que nuestra nación no está blindada, tampoco somos la envidia del mundo. La economía se derrumba. Los slogans ya no pueden disimular el desastre.
Una de las primeras señales llegó con el Decreto Supremo 4716. Éste aprueba que las «utilidades» de las Gestora Pública de Pensiones (la que reemplazará a las AFPS a partir de junio 2023) serán destinadas al pago de la Renta Dignidad. Es decir que el gobierno usará los ahorros de los trabajadores para sostener sus políticas socialistas. No tienen plata, pero no dudaran un segundo en saquear la del sector privado. Así de simple.
Pero la cosa no acaba ahí. El 10 mayo pasado el Banco Central de Bolivia (BCB) determinó que todas las empresas estatales que manejan cuentas en el extranjero deben repatriar, en un máximo de 60 días, todos los dólares que tengan fuera del país. Estamos ante la imposición de un cerco a todos los dólares que se puedan conseguir. No hay que ser un genio en economía para percatarse que esta medida pone en serias dificultades la importación de hidrocarburos.
Otra de las maniobras desesperadas del BCB apunta a vender todo el oro que pueda en los mercados internacionales. Al respecto, el economista Napoleón Pacheco expreso lo siguiente:
La decisión de usar el oro estaría expresando una situación mucho más grave que la que conocemos en cuanto a las RIN. Ningún gobierno antes del MAS, ni en situaciones críticas, planteó usar las reservas de oro del país. Es una pésima señal para la economía boliviana.
El hecho de que el gobierno esté raspando la olla en busca de nuevas fuentes de financiamiento sólo refleja una cosa: que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano (MESCPB) colapsó, y que ni siquiera el segundo auge de las materias primas lo va a salvar.
Por eso resulta increíble, especialmente, ante el evidente nivel de descomposición de la economía nacional, que el gobierno pretenda seguir gastando a manos llenos. Pues hace poco anunció la construcción de la segunda planta de urea, cuatro plantas de biodiésel y una de fertilizantes.
Al parecer los gurús del ministerio de economía no saben que el 85% de las empresas estatales generan pérdidas y que el déficit fiscal proyectado para el 2022 es del 8%, o asumen que son solo calumnias de la «derecha», los «golpistas» y el «imperio».
Tampoco toman en cuenta que, sin previo aviso, Bolivia redujo su suministro de gas natural a Petrobras en un 30% este mes. La empresa estatal brasileña, de manera sorpresiva, sufrió un corte equivalente a unos 7 millones de metros cúbicos de gas por día.
Asimismo, el país está sufriendo desabastecimiento de diésel en al menos cinco departamentos, pero sobre todo en Santa Cruz. Vale recordar que en la capital oriental se produce el 70% de la canasta básica de los alimentos del país. Además, que desde semanas atrás existe desabastecimiento de maíz, cerdo y pollo en los mercados.
Ante este panorama, la respuesta del gobierno fue amenazar con expropiar tierras, intervenir empresas productoras de maíz, y convertir a EMAPA (la empresa estatal encarga de producir alimentos) en una entidad parapolicial.
Como dijo el gran Ludwig von Mises: «Una economía centralmente planificada no tiene manera de calcular económicamente y de esa forma no puede prosperar». Por eso en Bolivia no hay que preguntarse el qué, puesto que todo apunta a un default, sino el cuándo.
¡Pobre país!