Aunque no tenga mar, Bolivia sufre un tsunami
Fitch Ratings rebajó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y moneda local de Bolivia a (B-) de (B) y revisó la perspectiva de la calificación a Negativa de Estable. Algunas de las variables que Fitch Ratings tomó en cuenta son: Aumento de la presión externa, Reservas agotadas, Perspectiva macroeconómica nublada, Amplio desequilibrio fiscal, Bajos pagos de bonos, Riesgos políticos. En sencillo, los mercados internacionales desconfían de nuestra capacidad de pago. De igual manera, están preocupados de la inestabilidad política, económica y social del país.
Sin embargo, el problema económico, con todo lo importante que resulta, no es el más grande, mucho menos el único. De hecho, la crisis económica es un síntoma del fracaso del Estado Plurinacional.
A finales del año 2016, en Ginebra, la Asociación Internacional de Ciencias Policiales y el Instituto para la Economía y la Paz presentaron un informe titulado: Índice Internacional de Seguridad y Policía. El objetivo del trabajo era medir la eficiencia de los cuerpos policiales y el resultado en términos de seguridad ciudadana.
Bolivia ocupó, como en muchos otros indicadores internacionales, uno de los últimos puestos (114 de 127), aunque como consuelo de tontos podemos decir que Venezuela está peor que nosotros (119).
Asimismo, la investigación señaló que las naciones con institucionalidad democrática en pleno funcionamiento son las que tienen las mejores condiciones de seguridad para sus ciudadanos. En resumen, desde hace varios años que los organismos internacionales ponían en duda el relato sobre la «vibrante» democracia boliviana.
Por su parte, El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe sobre Desarrollo Humano 2021-2022, sitúa a Bolivia en el puesto 118 de 191 países. Otra vez, a nivel Sudamérica, el país sólo está por encima de Venezuela. Daría la impresión de que ambas dictaduras compiten para ver quien hace las cosas peor.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, publicado en enero 2023 por Transparencia Internacional, ubica a Bolivia en el puesto 126 entre 180 países, con una puntuación de 31 sobre 100.
De manera general, Transparencia Internacional advirtió que existe un nexo evidente entre la violencia y la corrupción, puesto que los países que tienen las puntuaciones más bajas en el índice de paz también tienen calificaciones muy bajas en el de corrupción. Ergo, la violencia que sufren hombres, mujeres y niños en Bolivia no tiene que ver con el patriarcado, como gritan desaforadamente las feministas, sino con la falta de institucionalidad, Estado de derecho y seguridad.
Adicionalmente, el grupo insightcrime, especialistas en narcotráfico y crimen organizado, en un trabajo titulado: La naturaleza del crimen organizado boliviano, clasificó a Bolivia como el epicentro regional del narcotráfico. De manera textual cita lo siguiente:
En Bolivia, utilizando base peruana, los colombianos pueden producir un kilo de cocaína de alta calidad por menos de US$2.000. Ese mismo kilo en São Paulo o Buenos Aires alcanza un valor de hasta US$8.000. Por lo tanto, los colombianos pueden ganar más de US$5.000 por kilo, pero con un riesgo mínimo de interdicción y casi ninguno de extradición; simplemente transportando cargamentos de drogas a través de la frontera con Bolivia hacia Brasil o Argentina.
Entonces, mientras Luis Arce Catacora y su grupo de porristas gastan dinero del Estado intentando convencernos a los bolivianos sobre la «solidez», «estabilidad» y «blindaje» de la economía nacional, las calificadoras de riesgo, los mercados internacionales y el sentido común les recuerdan que Bolivia no es un oasis económico, sino, tan solo, una narcodictadura.
