Bolivia, el país donde todo es un fraude
El pasado 20 de octubre del 2019, Bolivia vivió un proceso electoral conflictivo –desde un presidente que se pasó por alto un referéndum, hasta un tribunal constitucional que usó vericuetos semánticos para habilitarlo-. A las 20.30 de la noche, y ante una inminente segunda vuelta, se suspende el conteo electoral para ser reanudado doce horas después. Jugada que provocó la desconfianza de la ciudadanía, que ante la sospecha de fraude tomó los calles de ocho de los nueve departamentos de Bolivia, permaneciendo ahí desde entonces.
Pero ¿Es verdad que unas elecciones conflictivas son el único problema del país? Tristemente, no. Los problemas de mi nación son mucho más serios que un proceso electoral, y se extienden a muchos aspectos de la sociedad boliviana, pero en este artículo me limitaré a desmentir el fraude más peligroso de todos: «el milagro económico boliviano».
El año 2013, el PIB de Bolivia alcanzó un crecimiento del 6,5%. El dato fue el pretexto perfecto para que economistas de toda América Latina hablen del «milagro boliviano», del «oasis económico de la región» y del «éxito del socialismo andino». Los pocos que cuestionamos la forma y la sostenibilidad de ese crecimiento fuimos sometidos a todo tipo de improperios.
La pregunta que nadie hace es ¿Cómo se alcanzó ese nivel de crecimiento?
Desde la llegada de Evo Morales al poder, el país volvió a esa vieja costumbre de poner al Estado a gastar a manos llenas. Por eso la necesidad de apropiarse de la renta gasífera, iniciar un proceso de nacionalismo monetario, y una escalada vertiginosa de la deuda externa. Bolivia estaba usando la receta keynesiana, que ahora se presentaba como un modelo «autóctono». Pero, por mucho que a los socialistas no les guste, las leyes económicas no pueden ser burladas. Veamos.
Según el Banco Central de Bolivia: el año 2007, la deuda externa de Bolivia era de 2200 millones de dólares, y en la actualidad es de 10500 millones de dólares. Teniendo un crecimiento de 8300 millones en 13 años de gobierno del MAS.
Para diciembre del 2018, el déficit del sector público fue de 22670 millones de Bs, siendo la cifra más alta desde los 80. Sin tomar en cuenta a Venezuela, Bolivia fue la economía con el mayor déficit fiscal por segundo año consecutivo con un 8,1% del PIB.
Hasta septiembre las reservas internacionales habían decrecido a un ritmo de 1000 millones por trimestre, teniendo un dato de 7875 millones para principios de octubre, poniendo en riesgo la política cambiaria del gobierno -la única medida atinada en materia económica-. Lo siento, y aunque no me guste, la devaluación cambiaria es un hecho más que inminente.
En septiembre pasado, tuve la oportunidad de hablar con varios candidatos de Comunidad Ciudadana -partido que en ese entonces se vislumbraba como el posible gran rival del MAS-, cuando les presenté los datos arriba descritos sucedían dos cosas. Uno, los desconocían por completo. O dos, asumían que no eran relevantes, y que lo importante era «derrotar a Evo». Respuestas que reflejan el bajo nivel académico de los políticos bolivianos.
La actuación del Estado puede ser económica o antieconómica. Es económica cuando se atiende las funciones inherentes a la actividad estatal: proteger la vida, resguardar la propiedad privada, garantizar la libertad de los ciudadanos, y administrar justicia en su jurisdicción.
Pero es antieconómico cuando se pone al Estado de comerciante, industrial, banquero y hasta de «hermanita de la caridad». En ese caso está provocando consecuencias contrarias al bien común. Tristemente, nuestros políticos de ambos bandos no comprenden esa elemental diferencia, parecería que los dos hacen una competencia de quien le hace más daño a la economía, o quien engaña mejor ofreciendo cosas imposibles como salud y educación «gratuitas».
Siento pena por Bolivia, pero parece que aquí todo es un fraude.