Propiedad colectiva de la tierra y dictadura sindical

Es cierto que los grupos de piratas del asfalto que tienen bloqueada a Bolivia por 40 días cuentan con mucha logística y apoyo financiero para cometer sus fechorías. Sin embargo, como muy bien lo explica Grover Colque en su libro: Bolivia, amenaza asimétrica a las Américas, hay grupo que, al igual que los residentes de las ciudades, sufre todo clase de abusos, me refiero al comunario común y corriente de las zonas rurales del país. Pero a esto último debemos sumarle un agravante, la coacción.

En Bolivia la pequeña propiedad agraria está orientada al sustento del productor y su familia, cumple una función social y, por lo tanto, es indivisible, inembargable, irreversible, además, no está sujeta al pago de impuestos. Su tamaño puede variar en función de la actividad realizada y la zona específica del país donde esté localizada. En el caso de las tierras bajas del país, como la Amazonía, la pequeña propiedad agrícola puede llegar a tener como máximo 50 hectáreas, mientras que la pequeña propiedad ganadera tiene un tamaño máximo de 500 hectáreas.

Por otro lado, la mediana propiedad agraria, que en tierras bajas puede llegar a tener 500 o 2500 hectáreas si se dedica a la agricultura o a la ganadería, respectivamente, es entendida como aquella que, además de sustentar a la familia del propietario, está destinada a la producción para el mercado.

Asimismo, Cristian Aramayo, en su artículo: Tierra y poder, expone:

Si la tierra es fuente de poder, ¿qué significa que, de todo el territorio de Potosí, un 97% esté bajo el orden colectivo? ¿Quiénes se benefician de que más del 83% del territorio de Chuquisaca y Cochabamba estén bajo el orden colectivo? ¿La estructura de propiedad de la tierra no tiene relación alguna con que estos tres departamentos tengan los niveles de pobreza más altos de Bolivia?

Adicionalmente, la Constitución Política impide a los indígenas vender sus tierras. Textualmente el Artículo 395 dice: «Se prohíben las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en dotación».

Acá es necesario aclarar un punto, quien no puede hipotecar, permutar o vender no es propietario, su condición es la de inquilino de las tierras comunales. Por ende, no debería extrañarnos que los comunarios sean rehenes de las dictaduras sindicales, ya que los intimidan con la amenaza de quitarles sus tierras si no obedecen los lineamientos del colectivo. Son una especie de territorios dirigidos por un padrote o un capo pandillero donde él es la ley.

¿Ahora entiende el porqué de la oposición de los sindicatos, ONGS y militantes socialistas a la posibilidad de modificar la tenencia de la tierra? Su único interés era mantener en la pobreza a millones de bolivianos, ya que sabían que de cambiar su situación se quedarían sin pongos y esclavos.

Además, es necesario remarcar otra de las grandes hipocresías de la izquierda indigenista, porque según sus posturas, los indígenas bolivianos poseen una sabiduría ancestral infinita, pero jamás permiten que puedan ser libres. Es como reducirlos a un atractivo antropológico excéntrico.

A los habitantes de las ciudades tampoco nos va mejor. De hecho, la presión fiscal del Estado central y las alcaldías nos fuerzan a trabajar casi 4 meses, tan sólo, para pagar impuestos. Peor la pasan quienes comenten el arriesgo camino de montar empresas legales.

Juan Bautista Alberdi, el padre de la constitución argentina de 1853, sentenció: «la propiedad privada es la diferencia entre la barbarie y la civilización». Es hora que en Bolivia se empiece a debatir esa diferencia, pues millones de bolivianos necesitan ser libres de las tiranías de los padrotes sindicales.