El ajedrez del crimen en Bolivia
Max Manwaring (QEPD) explicó que el fenómeno criminal evolucionó en tres generaciones de pandillas o gangas:
Pandillas de primera generación, por lo general, ligadas al control de pequeños territorios y delitos menores. Por ejemplo, son los grupos que, en los años 90, dominaban ciertos barrios de nuestras ciudades y se disputaban el territorio con bandas similares. Su acción criminal es molestosa, pero no es algo que las policías locales no puedan controlar.
En cambio, las pandillas de segunda generación son organizaciones con dominio de varias ciudades, incluso países. Suelen funcionar como guardaespaldas y jefes de seguridad de los cárteles o, directamente, ser ellos los narcotraficantes. Además, por su capacidad criminal es una amenaza para los países donde operan. Efectivamente, grupos como El tren de Aragua y los Reyes latinos tienen influencia en varios países de la región y han desafiado abiertamente a los Estados. Verbigracia, en la triple frontera entre Perú, Chile y Bolivia, el Tren de Aragua ha montado una base de operaciones desde donde interfiere en el comercio exterior de las tres naciones. Además, Vanessa Kaiser, parlamentaria chilena, denunció la existencia de una enorme red de tráfico de mujeres
Finalmente, las pandillas de tercera generación son organizaciones transnacionales, pero, a diferencia de las anteriores, tienen un objetivo político declarado. El caso más evidente es el Foro de Sao Paulo, organización nacida de la mente de Fidel Castro. Su metodología criminal es una mezcla de narrativas populistas; infiltración en medios de comunicación; destrucción de la imagen de las fuerzas de seguridad, y creación de partidos políticos proxis.
El Foro de Sao Paulo, bajo el mando de Hugo Chávez, tomó el poder en Venezuela en 1999. La renta petrolera del país llanero se usó para expandir el proyecto delictivo por toda la región. Ecuador, Argentina y Bolivia fueron los primeros países donde el crimen transnacional logró derrocar gobiernos. Pero concentrémonos en Bolivia.
Desde inicios del Siglo 21, arrancaron los procesos desestabilizadores, La Guerra del Agua entre febrero y abril del 2000, La Batalla por la Coca en enero del 2002, Febrero Negro el 2003 y, finalmente, la Guerra del gas de octubre del 2003 fueron las escaramuzas que minaron la institucionalidad democrática del país. Claro que también debemos remarcar la complicidad de Tuto Quiroga y Carlos Mesa. El primero, durante su corta gestión presidencial, fue incapaz de ejecutar las órdenes de aprehensión contra Evo Morales. Por su parte, Carlos Mesa traicionó a Gonzalo Sánchez de Lozada y negoció la Agenda de octubre con los subversivos que habían atacado a Bolivia. Las elecciones del 2005, básicamente, fueron la entrada triunfal a La Paz de la dictadura cubana.
Los catorce años de gestión de Evo Morales fueron guiados por los planes del castrochavismo. Se modificó la constitución; se desinstitucionalizó las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; el servilismo suplantó a la meritocracia en el Poder Judicial; los jueces y fiscales se convirtieron en mercenarios de la dictadura, y la sociedad civil fue sometida mediante el terrorismo de Estado, que incluía la persecución tributaria como mecanismo de generar miedo.
La pelea interna entre Luis Arce y Evo Morales fue la principal causa para que el MAS perdiera las elecciones en Bolivia el 2025. Eso abrió las puertas para que Rodrigo Paz llegue al poder. El nuevo gobierno, que fue visto como la esperanza para recuperar la democracia en Bolivia, en sus primeros siete meses de gestión, ya enfrenta más de 90 días de bloqueos y protestas. Eso nos demuestra algo: que, aunque los operadores del Socialismo del Siglo 21 se quedaron sin poder, tienen una gran capacidad de administrar la violencia. Para eso usan a sindicatos, movimientos sociales, federaciones de campesinos y operadores mediáticos. También cuentan con el apoyo de sus cómplices transnacionales, entre ellos, Gustavo Petro en Colombia y Juan Marino en Argentina; de hecho, este último pretendió ingresar al país con todo un grupo de agitadores.
El presidente Rodrigo Paz insiste en el diálogo como mecanismo para calmar la sed de sangre de los grupos de bloqueadores, pero eso no es más que una muestra de desconexión con la realidad del país, puesto que no se trata de unos ciudadanos ejerciendo el derecho a la protesta, sino de grupos de narcoterroristas armados, que en muchos casos están usando de rehenes a cientos de transportistas varados en los puntos de bloqueo. Al respecto, Carlos Sánchez Berzain, en su artículo: Miedo a gobernar respetando la ley es un estigma del socialismo del siglo 21 en gobiernos democráticos de Latinoamérica, explica:
Hemos visto y vemos presidentes y gobiernos en Latinoamérica que tienen como estigma el miedo a gobernar cumpliendo y haciendo cumplir la ley, porque no cambian el sistema dictatorial, porque asumen la estrategia del gradualismo que es su propia muerte lenta, porque no forman gobiernos fuertes de unidad nacional con el objetivo claro de reponer los elementos de la democracia y separar al crimen de la política para recuperar la economía de los pueblos, porque creen que todo se puede negociar incluyendo los derechos humanos de los ciudadanos -a los que están obligados a proteger- que son víctimas de delitos.
En conclusión, el gobierno no debe dialogar con el crimen. Salvando las distancias, lo que necesita Bolivia es emular lo que hicieron Perú y Colombia en los años 90. Es decir, declarar las acciones de Evo Morales y sus secuaces, que incluyen a la COB y varias agrupaciones de campesinos, como una amenaza a la seguridad nacional, porque, a nivel de peligrosidad, no existe diferencia entre el cocalero del chapare y el Cártel de Cali o Sendero Luminoso.
